Podium Notarial 35 - 2007

Reglamento del Consejo del Colegio de Notarios de Jalisco

Con la apertura comercial que nuestro país ha tenido en los últimos años, los Notarios Públicos participamos, ocasionalmente, en complejas operaciones de transferencias de activos, no sólo formalizando escrituras públicas conteniendo inmuebles, sino ratificando firmas de contratos privados de compra venta de activos. Jalisco es uno de los únicos estados que conserva en su legislación estatal, concretamente en la Ley de Hacienda del Estado de Jalisco, dos tipos de impuestos que gravan, en principio, las transferencias de activos, o bien, las operaciones de protocolización o formalización de actos y contratos; existe, fuera del estado, una confusión general sobre la aplicabilidad, en éstos casos concretos, del Impuesto sobre Negocios Jurídicos e Instrumentos Notariales y el diverso Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de Bienes Muebles. El presente artículo expone los argumentos legales sobre la no aplicabilidad de los impuestos anteriores, siempre y cuando exista en la operación a formalizar, la debida aplicación del Impuesto al Valor Agregado sobre los activos a transferir.

El dinero, como la mayoría de las invenciones humanas, es una creación del intelecto con una función específica: hacer más fácil la vida. Sirve al hombre para obtener otros bienes a cambio de él y así resolver sus necesidades, tanto las primarias (por ejemplo, la alimentación o el vestido), como las demás derivadas de la convivencia y de su desenvolvimiento social.

Renta. El Artículo 130 del Reglamento de la Ley de ese impuesto vigente hasta el 4 de diciembre de 2006, al limitar el beneficio contenido en el Artículo 109, Fracción XV, Inciso A), de la Ley del Impuesto relativo,viola las garantías de subordinación jerárquica y de reserva de ley.

Con frecuencia en los contratos se corren riesgos, los cuales pueden preverse específicamente en el documento al ser elaborado; estableciéndose en el mismo condiciones y términos sujetos a veces a situaciones imputables o relacionados con los contratantes, a terceros ya sean particulares o de instituciones y de procedimientos administrativos que exijan trámites y requisitos determinados, de fuerza mayor o caso fortuito que conlleven que el contrato no pueda cumplirse parcial o totalmente.