El Fomento a la Cultura de la Legalidad

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Como casi todos los aspectos que tienen que ver con la conducta humana el derecho está sujeta a tendencias particulares y dichos factores determinan, aunque no son los únicos que influyen en la existencia de una cuestión que se ha denominado cultura de la legalidad y en su efecto la existencia del estado de derecho. Dos temas fundamentales en la verborrea de los políticos y muy alejados de la realidad social.
 

Notario Carlos Enrigue Zuloaga

La moda de usar de esos conceptos no implica en mi opinión que el gobierno tenga ni haya tenido el más mínimo deseo de que éstos pudieran convertirse en realidad, pero aunque lo desearan existen factores que impiden definitivamente que puedan hacerse realidad.

A mi juicio uno de los máximos problemas que se dan es que conforme decía el sabio emperador romano Marcos Aurelio solo puede amarse lo que se conoce y nuestra legislación es imposible de conocer y menos de amar por la exagerada proliferación legislativa que como en muchos estados padece nuestro país y que produce, entre otras dificultades que no exista algún abogado, ya no digamos un ciudadano común, que pueda conocer siquiera la normativa existente en los tres niveles de gobierno, baste para acreditar el sustento de mi dicho que en la página web de la normateca de la Dirección compilación y consulta del Orden Jurídico Nacional listan, advirtiendo que no es una lista completa, 604 normativas que comprenden tratados, leyes y otras regulaciones. La página web del congreso federal lista exclusivamente 261 leyes sin tomar en cuenta otras regulaciones, a eso agregue las estatales que según la página web registra 139 cuerpos de leyes, y si a eso agregan las normativas municipales para encontrar las condiciones ideales para la corrupción que Tácito predijo con la genial máxima “ el exceso de leyes implica la corrupción de la cosa pública”.

En abono a mi percepción baste decir que en el mismo periodo que las Cortes Españolas votaron 15 normativas y nuestros aguerridos representantes votaron 51 regulaciones, según consta en las páginas web de ambos cuerpos legislativos.

Considero que esta proliferación que es fruto de una diarrea legislativa, de diputados que creen que su función es hacer leyes, funcionarios que mareados por viajes y lecturas que no alcanzan a comprender emiten regulaciones, no en el sentido que sus representados les ordenaron, que es como debía de ser: que el representante haga lo que le ordenaron sus representados y no lo que él cree que quiere su representado.

Habremos que repensar la representación, volver al contrato social entender que significa ésta. Y es que debemos entender que para la gran mayoría de nuestros representantes populares, provienen de orígenes sociales diversos pero que tienen al acceder al escaño tienen un cambio radical ya que jamás habían ganado lo que ahí ganan, ni recibido las prestaciones que ahí reciben ni mucho menos tenido el reconocimiento social que creen adquirir. Son demasiados cambios para que un sujeto permanezca en la ecuanimidad. Para probar lo anterior bastará mirar la declaración de impuestos de ellos relativa al año pasado y compararla con el ingreso que obtendrán este año, no tengo la certeza pero no creo equivocarme. Súmese a esto la falta de asesores, letrados esos si especialistas en redactar las leyes. Por ello la gran mayoría de leyes que provienen del congreso parecen más que ideas ocurrencias.

Las iniciativas que vienen del ejecutivo, tienen más idea, mejor estructura, aunque tienen dos desventajas, la primera producida por los “retoques” que le haga el legislativo y la segunda también es un aspecto personal de sus autores, que a partir del cambio del partido en el poder han cambiado su origen social que antes era más variopinto y actualmente son en su gran mayoría de clase media, que nunca conocieron la miseria ni la vida rural y que como yo mismo no la entiendo por las mismas causas y como consecuencia de ello no tienen idea de cómo legislar para cuarenta millones de personas que viven en estado de extrema pobreza o de miseria y al no entender el problema poco puede esperarse de la solución.

Aunque existen cuerpos de asesores en muchos casos han servido como refugio de amiguismo y para pago de apoyos de campaña, y como consecuencia de esto el legislador cuya labor debía consistir en la percepción de verdaderas necesidades de sus electores, decide convertirse en redactor de leyes lo que evidentemente lo rebasa, por citar un ejemplo del que podía dar cientos o miles pero no es el lugar de hacerlo permítaseme citar el tercer párrafo del artículo 2º del Código Civil de Jalisco que dice “ Las disposiciones de éste código deberán entenderse de una manera generalizada, cuando por alguna circunstancia y siempre que sea de manera accidental faltare dicha generalización se hará así constar especialmente para que el acto jurídico surta sus efectos.”

A este respecto me permito recomendar el libro “La proliferación legislativa.. un desafío para el estado de derecho” coordinado por Aurelio Menéndez Menéndez y Antonio Pau Pedrón, publicado en Madrid por el Colegio Libre de Eméritos en Civitas ediciones SL. En 2004.

De tal modo que además del problema del exceso de normativas a que nos encontramos sujetos nos encontramos con la gran dificultad que tiene el estado en dar a conocer éstas. Una solución fácil, si hubiera la voluntad de hacerlo es el usar la cantidad de tiempo en los medios que tiene el estado y el que contratan. Y es que, siendo muy benévolo la mitad de anuncios comerciales que aparecen en los medios son propaganda del gobierno, propaganda cuyo único objeto tiene el de elevar el nivel de conocimiento o de popularidad de los gobernantes o de tener satisfechos a los medios con un gasto escandaloso en publicidad, si en lugar de ésta publicidad inútil dichos tiempos se utilizaran para dar a conocer la normativa se haría un gran servicio a la cultura de la legalidad la cual en realidad sería fomentada, la excepción confirma la regla y por tanto véase la publicidad del gobierno municipal de Tlajomulco ( 6 de Mayo de 2007) cuya propaganda, al tiempo de ser autoelogiosa, es orientativa para sus habitantes y promotora de la cultura de la legalidad.

Sería necesario igualmente el que la secretaría de la función pública cumpla con su objetivo de eliminar normativas absurdas, de las que también podía citar muchísimos casos pero baste con mencionar que en el municipio de Zapopan hay una ley de aproximadamente cuarenta artículos para establecer que en la correspondencia tiene que ponerse la frase de que Zapopan es tierra de trabajo, amistad y respeto, me pregunto si no bastaba un memorándum.


En cuanto al fortalecimiento del estado democrático de derecho ya lo he escrito hasta la saciedadque eso no se soluciona más que con jueces capaces que concedan su derecho a aquellos que lo tengan, ahora bien, es claro que a ningún tirano le gusta que haya jueces que ejecuten sus resoluciones con imperio, en lugar de eso el estado ha estado creando entidades de dudosa utilidad que pretenden regular la ilegalidad con recomendaciones y buenos deseos, y así, aunque tienen muy buena prensa, comisiones como derechos humanos, transparencia, protección al consumidor, protección a los usuarios financieros y otra gran cantidad de instituciones creadas en lugar de apoyar firmemente al poder judicial, encargado por la norma suprema de impartir justicia.

Y para esto habrá que distinguir en lo económico la situación de los jueces federales y los de algunos (muy pocos) estados de la república con la situación general de los tribunales estatales, por lo que la fijación de un presupuesto constitucional en los estados que no lo tienen es un imperativo impostegable.

Para hacer evidente esto mencionare algunos números validos para el gobierno de Jalisco. Un juez familiar tramita anualmente tres mil juicios, lo que produciría cuando menos nueve mil pruebas que desarrolladas en los días hábiles que tiene el año equivalen a que un juez debería recibir cuarenta pruebas diarias por lo que necesitaría cuando menos cuarenta horas diarias para esto, además de dictar sentencias y dictar el acuerdo lo cual es imposible y en todas las demás materias la situación es muy similar. Ante esta realidad lo que se hace es una simulación.

Hace muchos años soñando con la idea de algún diputado se hizo obligatorio en todos los juicios que hubiera una audiencia de conciliación obligatorio en materia civil, mercantil y familiar, el uso de los llamados “ medios alternativos” lo cual quiere decir que se celebran, en los tribunales que aplican el derecho privado ocho mil audiencias conciliatorias obligatorias con el propósito de esa supuesta conciliación, exagero si creyera que hay más de 24 acuerdos de conciliación al año, de manera que se desperdician siete mil novecientos setenta y seis horas de audiencia y la cuestión es sencilla menos para los que no la quieren ver, en México por disposición constitucional no hay costas judiciales, esto es, que ni a mí, ni a nadie nos cuesta nada más seguir litigando y si tengo que pagar algo pues siempre preferiré hacerlo dentro de uno o dos años y no ahora, pero como está de moda el hablar de arreglos extrajudiciales, aunque sean absolutamente inútiles cuando menos en el caso de Jalisco, pues seguiremos fingiendo justicia.

Se espera que con la aplicación de los juicios orales mejorará la impartición de la justicia penal, lo que sucederá no porque el juicio sea oral o escrito, sino por la capacidad que tenga la representación social de hacer que víctima y acusado lleguen a un acuerdo, o sea que en ciertos casos se negocie la culpabilidad por una sanción económica, lo que será muy conveniente para los económicamente solventes y de no establecerse claramente los procesos de trasmisión de los fondos podrá crearse una gran fuente de corrupción o de simulación como sucede en las liquidaciones de trabajadores.

El drama de este país es la impunidad por más que quieran ignorarlo, en 90 años de existencia del periódico El Informador, su archivo produce más de cinco mil citas de la voz impunidad, en los albores del siglo pasado hubo tres crímenes notorios, el homicidio de Barbosa de Anda, el asesinato de las enanitas, y el asesinato de un joyero alemán que están por cumplir su nonagésimo ninguno se resolvió en su tiempo y ninguno de ellos será resuelto jamás. En la década pasada, tenemos los asesinatos de Colosio, Ruiz Massieu del Cardenal Posadas y de treinta y tantos periodistas muertos en forma violenta sin que ninguno se haya resuelto. La fundación Manuel Buendía, establece en su página web, reflexiones y propuestas para combatir la permanente inmunidad y es que hay impunidad de varios tipos, la primera que consiste en él nunca encontrar a los culpables, hay entidades que afirman que el 97% de delitos cometidos en nuestro país son impunes o existe también la simulación de cumplimiento y como ejemplo en el asunto de Camarena Salazar, que fue un secuestro que se llevo a cabo en un Volkswagen juzgaron a 600 personas por ese secuestro y crimen; ante la muerte de un periodista en pasadas semanas no tardaron en encontrar a dos falsos culpables y la prueba más contundente es que el gobierno norteamericano al no confiar en la Justicia Mexicana ha pedido la deportación de los verdaderos narcos para juzgarlos ellos, dejándonos a los miles de detenidos por esa misma causa de los que no tienen certeza de que lo sean. No podemos dejar de recordar que en el viejo penal de Escobedo había un letrero en la puerta que decía “en este horrible lugar donde reina la tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza”.

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