ABSTRACT
A lo largo de estos primeros años del siglo XXI, las naciones con mayores índices de industrialización, así como algunas en vías de desarrollo, han visto acelerar el proceso por el que las denominadas Tecnologías de Información y Comunicación se incorporan a la vida del Estado. Entre los efectos bené?cos de esta incorporación se cuentan las posibilidades y alternativas de mejora de gobierno, transparencia y reducción de la tramitología (tiempo y costos), que fortalecen la e?cacia y la certeza jurídica de la prestación de los servicios gubernamentales.
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Notario Lorenzo Bailón Cabrera
Presidente del Colegio de Notarios de Jalisco
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En este orden de ideas, el Estado es el organizador, proveedor y recolector máximo de la información relativa a la identidad de los ciudadanos; claro ejemplo es la emisión de certi?cados de nacimiento, actas de defunción, pasaportes, credenciales de elector, licencias de manejo, credenciales de seguridad social, etc.
Un motivo de gran preocupación en las sociedades contemporáneas es la falsi?cación de documentos públicos y privados, porque se mani?esta en distintas actividades del ciudadano común y tiene perniciosos efectos como los siguientes:
1. Suplantación de identidad, también conocida como Robo de identidad;
2. Fraudes bancarios en línea;
3. Falsi?cación de pólizas de seguro;
4. Constancias del registro civil;
5. Falsi?cación de títulos emitidos por sociedades mercantiles;
6. Títulos de propiedad;
7. Fraudes a aseguradoras.
Lo expuesto en el párrafo anterior basta para comprender cuán importante y necesario es reorientar las políticas gubernamentales con vistas a proteger la identidad de los ciudadanos por medio de mecanismos jurídicos y tecnológicos (uno de los cuales sería el carné de identidad electrónico), que permitan otorgar, con e?ciencia y e?cacia, la certeza y seguridad jurídica requeridas al momento de realizar las transacciones públicas y privadas.
Justi?cación
El Estado mexicano considera como asunto de seguridad nacional conocer a cuánto asciende su población, diseñar y elaborar sistemática y adecuadamente los mecanismos que satisfagan las necesidades sociales elementales, . entre las que se encuentra la identi?cación de personas por medio de documentos o?ciales idóneos para su acreditación.
Cotidianamente, la dinámica demográ?ca es registrada a través de series de números y dígitos que identi?can al ciudadano ante las autoridades mexicanas en dependencias e instituciones como los registros Civil, Nacional de Población, Federal de Electores, de Profesionistas, de Asegurados y Derechohabientes del IMSS y el ISSSTE, las secretarías de Relaciones Exteriores, de Gobernación, Economía, el Servicio de Administración Tributaria, etcétera. Esta dispersión entorpece la administración de los datos y obstaculiza el desarrollo de un buen gobierno. La pluralidad de claves, números de identi?cación personal y registros operativamente innecesarios, ocasionan a la administración pública gastos y costos excesivos que empeoran el escenario ya conformado por la falta de elementos de seguridad en las identi?caciones o?ciales, las transacciones comerciales y la falta de hábito poblacional para el cumplimiento de las obligaciones.
Problemática
Entre los objetivos pendientes de cumplimiento por las autoridades gubernamentales de los distintos países, está el combate e?caz a la nueva clase de delitos consistentes en el uso incorrecto de tecnología de la información y la comunicación para suplantar personas, tra?car con información exclusiva de los gobiernos y falsi?car documentos, entre otras actividades.
Para mala fortuna y gran inquietud, puede aseverarse que las conductas de los sujetos infractores han mutado porque las condiciones y los contextos en los que ellos se desenvuelven son favorables para la comisión de este tipo de delitos. Sus formas de operar se han vuelto cada vez más complejas y han generado un ambiente de incertidumbre jurídica y social, dada la inseguridad en que los patrimonios e intereses de la población quedan sumidos.
El anterior no es un fenómeno aislado o privativo de nuestro país, sino global, caracterizado por una serie de riesgos en las transacciones u otras actividades que se efectúan en la vida cotidiana. Estos riesgos repercuten en el desarrollo integral de cada país.
Como consecuencia, las instituciones públicas se han visto en la apremiante necesidad de unir esfuerzos, tanto en el ámbito local, como en el nacional e internacional, a ?n de buscar y encontrar alternativas reales, e?cientes y e?caces que abatan el antedicho tipo de delitos. Para ello se emplea la coordinación como recurso de prevención y combate a toda clase de ilícitos que lesionen los intereses de las personas físicas, jurídicas, así como de las instituciones públicas y privadas.
En éste contexto, el Colegio de Notarios de Jalisco tiene el ?rme propósito de contribuir en la medida de sus fuerzas a que se ?jen pautas, medidas y proyectos que supriman o di?culten sobremanera la suplantación de personas y la falsi?cación de documentos públicos y privados, a partir del diseño de un sistema técnico y legal que derive en la creación de un documento que se llame Carné de Identidad Electrónico. Por ello, aparte de realizar otras acciones, presenté hace dos años en este mismo foro la ponencia: Robo de identidad y su referente a la función Notarial; además, se halla en proceso la ?rma de un convenio con el IFE para que se permita corroborar la autenticidad de las credenciales de elector.
Hacia la introducción de un carnet de identidad electrónica
Nuestro país ha tenido y mostrado avances en el área de la instrumentación de elementos que permitan la fácil identi?cación y registro de personas; esto, con el ?n de tornar e?cientes los servicios que brinda la administración pública, mediante la adopción y el uso de la Clave Única de Registro de Población (CURP), así como el establecimiento de la institución encargada de administrar esos datos, que es el Registro Nacional de Población (RENAPO).
La CURP, creada mediante acuerdo de la Secretaría de Gobernación en el año de 1996, se asigna hoy como instrumento de registro e identi?cación a todos los que viven en territorio nacional, así como a los mexicanos residentes en el extranjero. Según ha quedado establecido en el Programa de Integración del Registro Nacional de Población, es el instrumento que de?ne los objetivos encaminados a conformar y consolidar el registro de personas como instrumento idóneo para brindarles seguridad jurídica.
Por lo que se ha expuesto y de conformidad con los avances tecnológicos, se buscan diferentes alternativas, a través de la puesta en práctica de otros mecanismos, que brinden alta seguridad jurídica y electrónica en la realización de las diversas actividades, producto del quehacer humano.
El carné de identidad en España, Perú y México
El análisis comparativo siguiente permitirá distinguir tanto los componentes principales del Documento Nacional de Identidad, como sus características básicas.
España
Este es el país que ha logrado establecer el paradigma en cuanto a documentos de identi?cación de personas se re?ere; tanto así, que hoy día tiene validez en todos los países comunitarios.
En España, el Documento Nacional de Identidad (DNI) es público y expedido por el gobierno a través del Ministerio Interior. Autentica la personalidad de su titular y sirve, salvo prueba en contrario, para acreditar la nacionalidad española de su portador, además de los datos personales que consigna.
Es un documento de carácter obligatorio para los españoles a partir de los 14 años de edad. No obstante, puede obtenerse antes, desde la inscripción del menor en el Registro Civil.
Periodo de Validez:
Es el indicado en el propio documento:
1. Hasta los 30 años de edad, por 5 años.
2. De 30 a 70 años, por 10.
3. Para mayores de 70 años, grandes inválidos y enfermos psiquiátricos, su validez es permanente.
4. En casos especiales, como la inscripción fuera de plazo o cuando no se ?gura inscrito en el Registro Civil, el DNI tendrá validez de 1 año.
El DNI puede también ser solicitado por un ciudadano de cualquier nacionalidad que haya ingresado a España con sus papeles en regla.
En otro orden de ideas, las condiciones y circunstancias de esta nueva era de la informática y de los medios masivos de comunicación exigen crear nuevos instrumentos que tiendan a optimizar la seguridad de las personas cuando realicen todas esas transacciones que implican su identi?cación; para lograr el cumplimiento de tales objetivos, a ultimas fechas el gobierno español ha propuesto la creación de un carné de identidad electrónico. Se trata de un proyecto de desarrollo que se pretende realizar en varias fases y cuya culminación está prevista para el año 2007. El carné tendrá las mismas funciones que el DNI actual, excepto por el hecho de que, en aquél, la identidad de cada persona no dependerá de su presencia física o de una grafía, sino de una clave que sólo será conocida por su propietario.
Al carné de identidad tradicional se incorporará un chip con información pública y privada, la del primer tipo contendrá los datos personales del individuo como actualmente aparecen, mientras que la del segundo tipo incluirá un certi?cado que garantice digitalmente la identidad de su titular. En síntesis: el DNI electrónico será una tarjeta de alta seguridad equipada con un chip criptográ?co a efecto de ?rmar electrónicamente los documentos.
Para cumplir con las fases de su introducción gradual en el ámbito de su aplicación, el poder ejecutivo dispondrá de un modelo piloto. Entre 2005 y 2007, año este último cuando se completará la puesta en marcha del proyecto, el sistema se irá implantando en toda España de acuerdo con el siguiente cálculo de renovaciones de documentos:
Año 2005: Emisión de 500.000 tarjetas.
Año 2006: de 2.000.000 de tarjetas.
Año 2007: de 6.000.000 de tarjetas.
Según reporta el Ministerio Interior de España, el promedio de renovación natural de DNIs es de 6 millones al año. Se prevé que ese mismo número de documentos que se renueven, sean en 2007 ya digitales.
El DNI electrónico español se distingue por ser un instrumento que inequívoca e indubitablemente acredita la identidad personal, garantizada por el Estado, tanto en el mundo físico, cuanto en el cibernético, con el añadido de nuevas funcionalidades al DNI tradicional y la dotación de mayor seguridad al documento. Destacan las siguientes características:
1. Autenticación: que quienes intervienen como partes en la transacción efectivamente sean quienes dicen ser.
2. Integridad: que la información transmitida no haya sido alterada en el curso de la transmisión.
3. Con?dencial: que cuando así se desee, nadie pueda acceder a la información transmitida.
4. No repudio: se re?ere a que las partes no puedan negar que la información se intercambió.
Además, gracias a los datos biométricos que el microchip contiene, el DNI podrá ser utilizado como:
1. Cédula de identi?cación personal.
2. Certi?cado de ?rma electrónica (con la misma validez que la manuscrita).
3. Licencia de Manejo.
4. Pasaporte.
5. Para realizar pago de impuestos.
6. Credencial para solicitar servicios de salud.
7. Efectuar operaciones bancarias.
8. Medio para hacer compras dentro del comercio electrónico.
A ?n de lograr todo esto, será necesario desarrollar varios elementos, como una clave pública, la cual permita el intercambio seguro de información por medio de la red electrónica o internet; tarjetas de soporte del DNI electrónico ?ables, personalizadas y duraderas; un procedimiento adecuado que permita la expedición del DNI electrónico en una sola comparecencia del ciudadano; protocolos de seguridad muy estrictos y adecuada gestión de las incidencias; así como adaptar al nuevo contexto la infraestructura informática que actualmente da soporte al DNI electrónico.
Por último, cabe señalar: cada uno de los departamentos ministeriales tiene que identi?car, de?nir y poner en operación determinados servicios basados en el DNI electrónico, de manera que estén disponibles para cuando el primer DNI sea puesto en circulación.
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