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Reunión del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. (15 de marzo de 2003) |
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Señoras y Señores Notarios participantes en esta magna reunión Regional provenientes de los Estados de Jalisco, Nayarit, Colima, Durango, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
Buenos Días tengan todos Ustedes. En primer término quiero agradecer profundamente la invitación que me hizo el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco para participar en esta sesión a fin de exponerles un balance de las acciones realizadas por la Procuraduría Agraria que me honro en presidir, así como las perspectivas que tenemos frente a nosotros, particularmente en tres programas fundamentales para el sector agrario, en los cuales se cuenta con la destacada participación de los Notarios del país, estos son:
1. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, mejor conocido como "Procede";
2. Programa de Incorporación de Suelo Social al Desarrollo Urbano comúnmente llamado "PISO" y
3. Programa Nacional de Testamento Agrario "HEREDA".
Antes de dar inicio a estos temas, quiero brindar un reconocimiento a todos los Colegios aquí reunidos, ya que al incluir este espacio en esta reunión de N otarios dejan constancia de la importancia e interés que representa para Ustedes el quehacer del gobierno federal en el campo mexicano; en horabuena por ello, pues estamos convencidos que sólo la suma de esfuerzos y voluntades de todos los sectores de la sociedad es la única vía para ir construyendo una sociedad rural más justa y próspera.
Dicho lo anterior, es una gran responsabilidad para un servidor estar aquí para darles a conocer -espero yo que de manera clara-, los esfuerzos que las instituciones del Sector Agrario, coordinadas por la Señora Secretaria de la Reforma Agraria, Lic. María Teresa Herrera Tello, lleva a cabo para buscar alternativas viables para los sujetos agrarios, que les permitan acceder al desarrollo económico y social del país.
A fin de poder abordar con claridad los temas que nos ocupan es necesario dimensionar la trascendencia que los ejidos y comunidades tienen en nuestro actual entorno económico, político y social, en primer termino se requiere señalar que la reforma agraria mexicana, fue una de las más extensas y profundas del mundo, que ha venido cumpliendo diferentes etapas, iniciando desde 1915, año de la promulgación de la primera Ley Agraria y fecha de inicio del reparto agrario en el país, hasta 1992 fecha de la Ley Agraria que actualmente nos rige y mediante la cual la cual se decretó el fin del reparto.
De acuerdo al historial agrario que obra en poder del Registro Agrario Nacional, durante esos 77 años fueron entregadas a cerca de 3.5 millones campesinos, 103.9 millones de hectáreas lo cual representa el 53% de la superficie total de todo el territorio nacional, que es de 196 millones de hectáreas.
Este reparto se materializó en la constitución a nivel nacional de 27 mil 664 ejidos y 2 mil 278 comunidades agrarias, que suman 29 mil 942 núcleos, los cuales se asientan en 2 mil 278 Municipios de los 2 mil 436 que existen en el país. Esto se traduce en que el 94% de los municipios del país cuentan cuando menos con un núcleo agrario.
El marco jurídico agrario que entró en vigor hace más de 10 años, preserva los principios básicos de justicia y bienestar social para los hombres y mujeres del campo, garantizados por el Constituyente de 1917, no obstante plantea un cambio estructural en las relaciones entre el Estado y los sujetos agrarios; una nueva estrategia institucional y el uso de diferentes y novedosos instrumentos de política agraria, más acorde con las necesidades de modernidad del campo.
En consecuencia, la entrada en vigor del actual marco jurídico agrario propició que el Sector Agrario ingresara en una etapa de transición, en la cual fue necesario reorientar el quehacer gubernamental de la propia Secretaria de la Reforma Agraria y a su vez fueran creadas nuevas instituciones agrarias que resolvieran y pusieran fin a las demandas de organizaciones campesinas para continuar con el reparto agrario, para la procuración de la justicia agraria y para la regularización, control y resguardo de la información de los propietarios y poseedores legítimos de los ejidos y comunidades del país. Este es el origen precisamente, de los Tribunales Agrarios, de la Procuraduría Agraria y del Registro Agrario Nacional, respectivamente; éstos dos últimos instituciones que forman parte del Sector Agrario.
En este sentido, el Sector Agrario en su conjunto creado a partir de dichas reformas, tiene como objetivo principal contribuir al desarrollo integral, justo y equilibrado de la vida en el campo, otorgando certeza jurídica en la tenencia de la propiedad social, la procuración de justicia y el respeto a los derechos agrarios; el fomento a las libertades y a la autonomía de decisión de los núcleos agrarios, y el fomento al desarrollo agrario.
En el caso particular de la Procuraduría Agraria, es indiscutible que hoy se sigue transformando para adecuarse a las expectativas de los sujetos agrarios. A lo largo de 11 años de su existencia, se ha consolidado como una Institución dinámica, eficaz y con vocación de servicio, para la defensa de los derechos de los hombres y las mujeres del medio rural, así como para la implementación de acciones que fortalezcan la seguridad jurídica en el campo.
Para llevar a cabo lo antes comentado, la Procuraduría Agraria opera, en una estrecha coordinación interinstitucional, diversos programas gubernamentales que tienen como beneficiarios a los sujetos agrarios del país, es decir a los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, ejidos, comunidades pequeños propietarios, posesionarios, avecindados y jornaleros agrícolas.
Entre dichos programas, se encuentra el de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, comúnmente conocido como "procede", el cual sin duda es la acción más importante de Gobierno, posterior al gran reparto agrario, en términos de tenencia de la tierra, ante ello, es importante reflexionar sobre los avances y retos institucionales que este programa enfrenta.
Programa de certificación de derechos ejidales y titulación de Solares “Procede”
El Procede tiene como propósito dar certeza jurídica y seguridad colectiva e individual a los sujetos del derecho agrario, mediante la expedición y entrega de documentos en los cuales se plasma de manera transparente lo que le pertenece a cada uno de los sujetos agrarios.
Mediante el Procede se regularizan las tierras al interior de los núcleos agrarios, certificando los derechos agrarios a los sujetos que fueron beneficiados, con base en la documentación que ampara la propiedad del núcleo y que en su momento fue entregada por la respectiva autoridad agraria.
Con fundamento en la Ley Agraria y como resultado de la aplicación del Programa, la superficie ejidal se puede dividir, en función de su vocación y organización del núcleo, en tierras parceladas, de uso común y para el asentamiento humano. En correspondencia a los destinos que se les determine a la tierra, los ejidatarios reciben, los certificados parcelarios y de uso común, así como los títulos de propiedad de los solares urbanos.
A los posesionarios se les certifican las parcelas reconocidas por la propia asamblea ejidal y a los avecindados, mediante los respectivos títulos de solares urbanos, se les garantiza la propiedad sobre los predios del asentamiento humano. Cabe insistir que los títulos sólo se expiden para amparar solares, que por definición son parte de los asentamientos humanos.
De igual modo, los órganos de representación ejidal reciben a nombre del núcleo la documentación que certifica la propiedad del mismo, así como los respectivos planos que ubican la superficie de manera precisa.
Marco legal
Las actividades del Procede tienen como marco legal las modificaciones al Artículo 27 constitucional, mismas que dan origen a la nueva Ley Agraria, publicada el 26 de febrero de 1992, y a su respectivo Reglamento en materia de certificación de derechos ejidales y titulación de solares; de éstos se desprenden las Normas Técnicas expedidas por el Registro Agrario Nacional (RAN), así como el Procedimiento General Operativo que norma las actividades del Prcede dirigidas a los ejidos.
Avance histórico del Procede
Para la aplicación del Programa de Certificación Derechos Ejidales y Titulación de Solares, es necesario cumplir con las diez etapas operativas que lo componen, mismas que inicias con el diagnóstico de cada núcleo agrario para verificar que en cada uno de ellos, existen las condiciones necesarias para que el programa puede implementarse; posteriormente se llevan a cabo los trabajos de medición de las tierras lo que conlleva implícito, un gran esfuerzo de conciliación tanto al interior como al exterior de los ejidos, a fin de alcanzar los consensos y la toma de acuerdos que son indispensables para la marcha del programa; este proceso culmina con la certificación de los derechos agrarios a cada miembro del ejido reconocido por su respectiva asamblea, a través de la entrega de los documentos respectivos.
Si bien, este proceso puede parecer rápido y sencillo a simple vista, la verdad es diferente, ya que para darnos una idea de lo que significa la regularización de las tierras, basta mencionar que el tiempo promedio nacional registrado para lograr la certificación de un núcleo agrario es de 336 días naturales, ello obedece principalmente a que la certificación, además de significar un acto administrativo y jurídico, representa sobre todo un acto de un profundo contenido social, pues este Programa, está amparado por una suma de consensos sociales en los que se reconoce la propiedad, tanto al interior de cada núcleo como entre el núcleo y sus correspondientes colindantes.
Este pacto o arreglo social de identificación y reconocimiento de linderos apuntala y consolida los derechos de la propiedad de los núcleos agrarios y contribuye de manera significativa a construir un entorno de respeto y aceptación de la propiedad del otro, por ello, sin lugar a dudas se menciona que el Procede contribuye de manera significativa a mantener la paz social y estabilidad en el campo mexicano, de lo cual un servidor está convencido de ello.
Mucho se ha discutido, entre las organizaciones campesinas y académicos acerca de los beneficios que ha arrojado el Procede a los habitantes del medio rural, sin embargo de acuerdo a un estudio realizado entre el Sector agrario y el Banco Mundial, se comprobó que el Procede tiene otros impactos favorables adicionales al de la regularización, tales como:
a) Coadyuva en la reducción de la incidencia de los conflictos en el medio rural;
b) Contribuye a consolidar la gobernabilidad y la paz social, a través del reconocimiento de la autonomía de los sujetos;
c) Favorece el bienestar de los hogares al observarse un incremento en los ingresos familiares como efecto de la regularización;
d) Propicia la incorporación regulada de tierras al mercado laboral no agrícola.
e) Ayuda al mejor funcionamiento de los mercados de arrendamiento, ya que legaliza y evita los conflictos al conocer de manera precisa la superficie a tratar.
En este orden de ideas, podemos asegurar que el Procede registra importantes avances en sus distintas etapas; a esta fecha se puede mencionar que de los 29,942 núcleos agrarios que existen en el país, se cuenta con el total de los diagnósticos respectivos, lo cual es muy valioso porque se conoce plenamente la problemática que presentan los 5,827 ejidos y comunidades que no han sido regularizadas, lo que permite trazar estrategias particulares para cada uno de los casos en la búsqueda de su certificación, a través de un programa especifico creado en la presente administración, que más delante abordare.
En el resto 24,115 núcleos agrarios se han concluido los trabajos de regularización de tierras y certificación de los derechos individuales lo que representa el 80.5% de los ejidos y comunidades que existen legalmente constituidos en el país, beneficiado a cerca de 3 millones trescientas cincuenta mil familias campesinas mediante la entrega de poco más de 7 millones cuatrocientos mil documentos, lo que se traduce en la regularización de 71.3 millones de hectáreas de las 103.9 millones que constituyen la propiedad social del país, lo que equivale a que casi el 69% de la superficie social nacional.
Programa de atención especial "PAE"
Ahora y como lo comente hace un momento, el Sector Agrario enfrenta un gran reto para avanzar la certificación de los Núcleos Agrarios que se encuentran pendientes de concluir con este programa y que ascienden a 5,827, ya que de éstos, el 90% (5,192) son considerados al día de hoy, como núcleos de atención especial, puesto que la problemática que presentan dificulta la aplicación del procedimiento del "Procede tradicional".
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| Adjunto | Tamaño |
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| Seguridad Juridica para el Desarrollo del Campo Mexicano.pdf | 102.21 KB |